Rendición de cuentas
Ramiro Arteaga Sarabia
Desde la postguerra y ante la necesidad de eficientar las estructuras gubernamentales de los países europeos y de Estados Unidos; la rendición de cuentas, es decir, la simpleza de decir cuánto dinero recibieron los funcionarios públicos y sus organismos y cómo lo gastaron, se ha convertido en una norma que garantiza los montos y el destino de los recursos públicos.
No es un mero tecnicismo, la rendición de cuentas es una garantía ética y un principio administrativo toral.
No es, por tanto, un asunto sujeto a discusión. Sino una costumbre derivada de la democracia, la cual, o es transparente o no es democracia.
Sorprende, entonces, la postura de presidentes municipales, síndicos y regidores locales, quienes, ajenos a toda norma ética y administrativa moderna, luchan por manejar en la oscuridad el dinero que proviene de los ciudadanos.
Actualmente, casi ninguna persona tiene datos objetivos sobre el salario real de un alcalde, de un regidor o de un funcionario municipal.
Y si bien los presupuestos municipales y estatales son públicos, no son claros los criterios para la asignación de partidas presupuestales.
Peor aún, al no existir una representación real de los ciudadanos; los cabildos, y los legisladores operan bajo criterios que van, desde los intereses de transnacionales hasta el aseguramiento de su futuro político.
Es un desmadre.
La consecuencia es un saldo social histórico, en la conciencia de la gente se ha construido una idea sustentada en hechos: el gobierno despilfarra el dinero, los informes de gobierno son actos faraónicos y de culto a la personalidad del gobernante, la pobreza es fruto de este derroche, y así.
Para contrarrestar esta lógica, El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, ha venido desarrollando una estrategia en dos niveles: 1. La reducción del salario del presidente y de los miembros de primer nivel del gabinete, junto al establecimiento de un plan de austeridad del gobierno. 2. La integración de una iniciativa de ley para garantizar los criterios mediante los cuales se asignan salarios y prestaciones a todos los funcionarios federales, estatales y municipales.
Este segundo paso es el más importante, si se construye con responsabilidad, podría eliminar los criterios discrecionales de asignación de salarios. Asimismo, se lograrían establecer normas de rendimiento y otros estándares modernos para detectar quién sí trabaja y quién no.
La rendición de cuentas es una lógica que existe en casi todos los aspectos de lo humano, es un sistema de evaluación que permite el mejoramiento de las personas y las instituciones.
La postura de los regidores, síndicos y presidentes municipales de Guerrero, además de absurda y antiética, atenta contra su porvenir político y de las instituciones que representan.
Por eso, la ambición desmedida que caracteriza sus decisiones y acciones, violenta el progreso requerido en nuestras comunidades.
No es posible pues, tolerar a políticos de esta ralea. Los funcionarios públicos representan a instituciones políticas y a organismos ciudadanos, su comportamiento no puede no ser vigilado, sus acciones de profunda repercusión social, no pueden no ser sometidas a la rendición de cuentas.
www.arteagasarabia.blogpot.com
Desde la postguerra y ante la necesidad de eficientar las estructuras gubernamentales de los países europeos y de Estados Unidos; la rendición de cuentas, es decir, la simpleza de decir cuánto dinero recibieron los funcionarios públicos y sus organismos y cómo lo gastaron, se ha convertido en una norma que garantiza los montos y el destino de los recursos públicos.
No es un mero tecnicismo, la rendición de cuentas es una garantía ética y un principio administrativo toral.
No es, por tanto, un asunto sujeto a discusión. Sino una costumbre derivada de la democracia, la cual, o es transparente o no es democracia.
Sorprende, entonces, la postura de presidentes municipales, síndicos y regidores locales, quienes, ajenos a toda norma ética y administrativa moderna, luchan por manejar en la oscuridad el dinero que proviene de los ciudadanos.
Actualmente, casi ninguna persona tiene datos objetivos sobre el salario real de un alcalde, de un regidor o de un funcionario municipal.
Y si bien los presupuestos municipales y estatales son públicos, no son claros los criterios para la asignación de partidas presupuestales.
Peor aún, al no existir una representación real de los ciudadanos; los cabildos, y los legisladores operan bajo criterios que van, desde los intereses de transnacionales hasta el aseguramiento de su futuro político.
Es un desmadre.
La consecuencia es un saldo social histórico, en la conciencia de la gente se ha construido una idea sustentada en hechos: el gobierno despilfarra el dinero, los informes de gobierno son actos faraónicos y de culto a la personalidad del gobernante, la pobreza es fruto de este derroche, y así.
Para contrarrestar esta lógica, El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, ha venido desarrollando una estrategia en dos niveles: 1. La reducción del salario del presidente y de los miembros de primer nivel del gabinete, junto al establecimiento de un plan de austeridad del gobierno. 2. La integración de una iniciativa de ley para garantizar los criterios mediante los cuales se asignan salarios y prestaciones a todos los funcionarios federales, estatales y municipales.
Este segundo paso es el más importante, si se construye con responsabilidad, podría eliminar los criterios discrecionales de asignación de salarios. Asimismo, se lograrían establecer normas de rendimiento y otros estándares modernos para detectar quién sí trabaja y quién no.
La rendición de cuentas es una lógica que existe en casi todos los aspectos de lo humano, es un sistema de evaluación que permite el mejoramiento de las personas y las instituciones.
La postura de los regidores, síndicos y presidentes municipales de Guerrero, además de absurda y antiética, atenta contra su porvenir político y de las instituciones que representan.
Por eso, la ambición desmedida que caracteriza sus decisiones y acciones, violenta el progreso requerido en nuestras comunidades.
No es posible pues, tolerar a políticos de esta ralea. Los funcionarios públicos representan a instituciones políticas y a organismos ciudadanos, su comportamiento no puede no ser vigilado, sus acciones de profunda repercusión social, no pueden no ser sometidas a la rendición de cuentas.
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