PRI y PAN piden que el gobierno informe de qué partida y cuánto pagará a Alazraki

Jesús Saavedra / Chilpancingo
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Dirigentes estatales del PRI y del PAN consideraron que el gobierno del estado debe de explicar e informar a los guerrerenses de dónde, cómo y cuánto se le va a pagar a la agencia de Carlos Alazraki, contratada para elaborar la campaña publicitaria para difundir las obras del gobierno estatal, y advirtieron que estarán vigilantes de que no sea una estrategia con fines políticos del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para promoverse como un eventual candidato a la Presidencia de la República.

El secretario general del PAN, Ramiro Arteaga Sarabia dijo que se le hace “raro” que un publicista como Carlos Alazraki “trabaje para un gobierno perredista, porque ha trabajado al lado de priistas”. Agregó que si será contratado “para promover la obra es bienvenido, si es que hay algo que promocionar en estos dos años de gobierno; pero me parece que se debe de explicar si este proyecto está presupuestado y aprobado en el Congreso del Estado o bajo qué rubros se va a aplicar”.Dijo que con una explicación pública, “el tema no debe traer mayor suspicacia, si está presupuestado por el Ejecutivo adelante, lo que sí subrayamos es que hay que estar atentos de si se trata para la promoción política del gobernador o de los secretarios de despacho”.

Arteaga Sarabia recordó que no se puede hacer campaña política con recursos públicos y utilizarlos para la promoción y posicionamiento de una figura como la de Zeferino Torreblanca Galindo. “Esperamos que no lo hagan, que no lo tomen este programa de manejo de la imagen de obras del gobierno estatal como un banderazo de salida de las candidaturas en el gabinete, porque hay aspiraciones políticas de varios funcionarios”, recordó.“Esperamos que la promoción de las obras que afirma el gobierno estatal realizará Carlos Alazraki no sea para la promoción política del gobernante o de los secretarios, que sea exclusivo de los programas institucionales, insistió Arteaga Sarabia.Consideró que el gobierno estatal debe de informar al público el monto de los honorarios del publicista y de lo destinado para la promoción de las obras “y esperamos que la Ley de Transparencia sirva para algo, porque no ha habido mayor información, seguimos siendo uno de los estados con opacidad y no hay transparencia en el destino de los recursos públicos”.Ramiro Arteaga recordó asimismo que Alazraki “no es un publicista de los más baratos en México y si se van a utilizar recursos públicos debe de quedar muy claro y preciso de dónde van a salir los recursos, cuánto se va a erogar y con qué objetivo”.

Por su parte, el presidente estatal del PRI, Marco Antonio Leyva Mena dijo al gobernador que aun “contratando al mejor publicista del mundo los hechos desmienten por sí solos los posibles logros de un gobierno y está claro que en Guerrero hay desencanto; hay ejecuciones, decapitaciones, asesinatos en bancos, desempleo, no hay obra pública y ni el mejor publicista puede manejar una imagen como la que se tiene en Guerrero”.

Leyva Mena indicó que Torreblanca Galindo está en su derecho de contratar a un publicista, “pero tenemos que enterarnos de cómo le va pagar, cuánto va a ser y si está presupuestado; porque Carlos Alazraki cobra y cobra bien, ¿cuántas obras públicas vamos a sacrificar los guerrerenses para pagarle al publicista?”.

Luego, sabiendo que la especialidad de Alazraki es la promoción de candidatos a algún cargo, Leyva dijo que “Zeferino Torreblanca está en su derecho de buscar la Presidencia de este país, pero antes de pensar en eso, primero que tranquilice al estado con la seguridad pública, que genere empleos, porque a la Presidencia de la República no se llega con spots, se llega con hechos y verdades que respalden al político”, añadió.

Rendición de cuentas

Ramiro Arteaga Sarabia

Desde la postguerra y ante la necesidad de eficientar las estructuras gubernamentales de los países europeos y de Estados Unidos; la rendición de cuentas, es decir, la simpleza de decir cuánto dinero recibieron los funcionarios públicos y sus organismos y cómo lo gastaron, se ha convertido en una norma que garantiza los montos y el destino de los recursos públicos.

No es un mero tecnicismo, la rendición de cuentas es una garantía ética y un principio administrativo toral.

No es, por tanto, un asunto sujeto a discusión. Sino una costumbre derivada de la democracia, la cual, o es transparente o no es democracia.

Sorprende, entonces, la postura de presidentes municipales, síndicos y regidores locales, quienes, ajenos a toda norma ética y administrativa moderna, luchan por manejar en la oscuridad el dinero que proviene de los ciudadanos.

Actualmente, casi ninguna persona tiene datos objetivos sobre el salario real de un alcalde, de un regidor o de un funcionario municipal.

Y si bien los presupuestos municipales y estatales son públicos, no son claros los criterios para la asignación de partidas presupuestales.

Peor aún, al no existir una representación real de los ciudadanos; los cabildos, y los legisladores operan bajo criterios que van, desde los intereses de transnacionales hasta el aseguramiento de su futuro político.

Es un desmadre.

La consecuencia es un saldo social histórico, en la conciencia de la gente se ha construido una idea sustentada en hechos: el gobierno despilfarra el dinero, los informes de gobierno son actos faraónicos y de culto a la personalidad del gobernante, la pobreza es fruto de este derroche, y así.

Para contrarrestar esta lógica, El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, ha venido desarrollando una estrategia en dos niveles: 1. La reducción del salario del presidente y de los miembros de primer nivel del gabinete, junto al establecimiento de un plan de austeridad del gobierno. 2. La integración de una iniciativa de ley para garantizar los criterios mediante los cuales se asignan salarios y prestaciones a todos los funcionarios federales, estatales y municipales.

Este segundo paso es el más importante, si se construye con responsabilidad, podría eliminar los criterios discrecionales de asignación de salarios. Asimismo, se lograrían establecer normas de rendimiento y otros estándares modernos para detectar quién sí trabaja y quién no.

La rendición de cuentas es una lógica que existe en casi todos los aspectos de lo humano, es un sistema de evaluación que permite el mejoramiento de las personas y las instituciones.
La postura de los regidores, síndicos y presidentes municipales de Guerrero, además de absurda y antiética, atenta contra su porvenir político y de las instituciones que representan.

Por eso, la ambición desmedida que caracteriza sus decisiones y acciones, violenta el progreso requerido en nuestras comunidades.

No es posible pues, tolerar a políticos de esta ralea. Los funcionarios públicos representan a instituciones políticas y a organismos ciudadanos, su comportamiento no puede no ser vigilado, sus acciones de profunda repercusión social, no pueden no ser sometidas a la rendición de cuentas.

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