Contradice la versión de Donoso de que fue Ramiro Arteaga

Insiste Camacho ante juez que la cita con Bajos se concertó desde el Congreso

ROBERTO RAMIREZ

El director de Radio y Televisión de Guerrero, Jorge Camacho Peñaloza reiteró que fue el titular de Comunicación Social del Congreso del Estado, Luis Flores Lonazkuo, quien le confirmó la entrevista con el diputado Jorge Bajos Valverde el 4 de enero, cuando fue asesinado; precisó que la confirmación ocurrió ese mismo día por la mañana; a diferencia de lo declarado por el diputado Fernando Donoso, quien atribuyó la concertación de esa entrevista al secretario general del PAN, Ramiro Arteaga Sarabia.

En tanto, el abogado y ex diputado local del PRD Rómulo Reza Hurtado consideró que la fracción del PAN actúa fuera de la ley al pretender “investigar” si la suplente del diputado Bajos Valverde, Jacqueline Orta, está implicada en el asesinato del legislador para determinar si ocupa o no la curul, pues no tiene facultades de Ministerio Público. Dijo también que la Comisión de Gobierno del Congreso debe citar al pleno a Orta para tomarle la protesta de ley.

Se reafirman contradiciones

El funcionario declaró ante el juez que sigue el caso del diputado Bajos, Marco Antonio Ordorica Ortega, que dos días antes del asesinato, trabajadores del Congreso local llamaron para agendar la reunión, pero más tarde, en entrevista con reporteros expresó que fueron empleados “de la oficina del diputado”; se refirió en específico a una voz masculina como la que hizo esa llamada, y aclaró que Arteaga nunca hizo gestión alguna sobre el particular.

En la audiencia también estaba prevista la comparecencia del ex diputado federal Angel Pasta Muñúzuri, implicado originalmente por su presunta participación en contrabando de armas que daría origen al asesinato del legislador, versión que después fue desechada por el agente del Ministerio Público, pero no llegó.

Su abogado, Jorge Luis Sánchez Navarrete, explicó que su ausencia se debió a que fue “notificado” en un domicilio que tenía en Acapulco antes de ser diputado, cuando debieron hacerlo en su domicilio de la ciudad de México. Si para detenerlo al principio de las investigaciones los policías viajaron al Distrito Federal, lo mínimo que se pide es que lo notifiquen en el mismo lugar, dijo.

La comparecencia de Camacho Peñaloza –citada por la defensa de Nicolás Cardoso Macedonio, a quien se le imputa la ejecución del asesinato– comenzó una hora antes de lo anunciado, y de entrada la secretaria de Acuerdos, Adelita Adame Morales, le leyó su declaración anterior en la que informó que la entrevista a la que acudía Bajos al ser asesinado había sido pactada para hablar exclusivamente del presupuesto y que en el momento del crimen él estaba en una entrevista de televisión.

Luego, el abogado defensor de Cardoso, Gonzalo Moreno Astudillo, lo interrogó, ante lo cual el director de RTG manifestó que dos días antes del asesinato, el 2 de enero, trabajadores del Congreso se comunicaron con él para concertar la entrevista y además de él, la propia Esther Chávez y el jefe de Televisión, Manuel Díaz Balderas, estuvieron enterados de la misma, que se programó y que ya no se realizaría.

Después, Camacho Peñaloza fue interrogado por el agente del Ministerio Público, Mauricio Moreno, ante cuyas preguntas precisó que la llamada en las oficinas de RTG para apartar la entrevista se hizo antes de las 3 de la tarde del 2 de enero, en una hora que no supo precisar, y la recibió su secretaria Esther Chávez, quien no registró “por error” los datos de la persona que la hizo. Posteriormente, el 4 de enero, Luis Flores le confirmó vía telefónica también la asistencia del legislador, pero no quedó claro si iría solo o acompañado.

En entrevista posterior, reiteró que Flores Lonazkuo confirmó que el diputado asistiría a la entrevista, pero dijo que ésta la gestinó personal “de la oficina del diputado”, a diferencia de lo declarado ante el juez, de que había sido “personal del Congreso”.

Nada impide a Orta ser diputada

En tanto, Rómulo Reza Hurtado, ex diputado local en la pasada legislatura, explicó que sólo una orden de aprehensión en su contra podría impedir la toma de posesión, y si la comisión no asume este mandato legal, incurriría en abuso de autoridad.

Cuestionó que, por ejemplo, se haya tomado la protesta al priísta Moisés Carvajal Millán quien tenía una orden de aprehensión y no se haga lo mismo con Jacqueline Orta, que no tiene ni siquiera un proceso en contra.

También criticó que diputados perredistas hayan expresado que no permitirían su llegada al Congreso, porque no es “ética ni moralmente” aceptable dado que su esposo está procesado por el asesinato. Reza Hurtado manifestó que no se trata de una opinión en relación con la ética, sino de un hecho jurídico y de derechos protegidos por la Constitución general y local. “Ahí simplemente tiene que imperar la ley, que no indica que apelando a cuestiones éticas se puede impedir que alguien asuma la diputación”, dijo.

Incluso, expresó que si ese criterio se aplicara, varios de los actuales diputados no hubieran podido tomar protesta.

El ex legislador indicó que aunque no hay plazos para que el Congreso llame al suplente de un diputado, una vez que éste presenta una solicitud por escrito, el presidente de la mesa directiva debe incluir el tema en la orden del día y darle el curso legal para que tome protesta, pues en caso contrario ella puede recurrir al amparo ya que no existe ningún impedimento legal, como un proceso penal o una orden de aprehensión, para que asuma como diputada.

El PAN, dijo, no tiene ninguna facultad investigadora, y si quiere hacer funciones de Ministerio Público se coloca fuera de la ley, pues es el órgano que tiene el monopolio legal de la investigación judicial. Además, indicó que el Congreso tiene la obligación de integrar su pleno con los 46 diputados, no sólo 45, por lo que sin más deben llamar a la suplente si no está impedida legalmente para ello, y las consideraciones y opiniones morales se las deben reservar quienes las tengan.